Bienvenidos al blog educativo que trata de mostrar unas pinceladas de la cultura e historia española para mejorar y facilitar la convivencia.
jueves, 8 de julio de 2010
miércoles, 7 de julio de 2010
7 Julio... SAN FERMÍN!!!!
Sanfermin es conocido internacionalmente por la celebración del encierro, la carrera en la que los toros corren por algunas calles de la parte vieja de la ciudad. Los encierros se celebran desde el 7 de julio hasta el 14 a las 8.00 de la mañana. El día 6 a las 12.00 del mediodía empiezan las fiestas con el Txupinazo. Ese día no hay encierro, pero sí mucha juerga.
Las fiestas se celebran en honor a San Fermín, patrón de Navarra, y conviven muy bien la parte religiosa con la juerga salvaje, incluso hay gente que acude a las dos.
Hoy en día pasan por ser unas fiestas multitudinarias, visitadas por gente de todos los rincones del mundo y en las que la juerga, la diversión y la alegría son sus ingredientes más destacados.
Las fiestas se celebran en honor a San Fermín, patrón de Navarra, y conviven muy bien la parte religiosa con la juerga salvaje, incluso hay gente que acude a las dos.
Hoy en día pasan por ser unas fiestas multitudinarias, visitadas por gente de todos los rincones del mundo y en las que la juerga, la diversión y la alegría son sus ingredientes más destacados.
Diapositivas España en Europa
España en Europa
El término Europa se ha utilizado tradicionalmente para denominar a un continente, pero en la actualidad designa una entidad bastante más compleja. En las últimas décadas se han sucedido un conjunto de acontecimientos que están transformando la idea de Europa, y se han materializado en la importancia creciente de un organismo supranacional: la Unión Europea (UE).
Desde el punto de vista estrictamente físico, España ocupa una situación periférica dentro del continente europeo y, además, algunos de sus territorios -como Ceuta y Melilla- se localizan en el continente africano, o son ultraperiféricos, como sucede con las Islas Canarias. Esta última circunstancia se produce también en otros países europeos, como Francia (DOM: Guadalupe, Martinica, Guayana y Reunión) y Portugal (Madeira y Azores).
España ha participado en la evolución histórica de Europa. A la Península Ibérica llegaron, a partir del primer milenio antes de Cristo, distintos pueblos colonizadores procedentes del Mediterráneo: fenicios, griegos y cartagineses, que crearon colonias en la costa. Posteriormente Hispania formó parte del conjunto de provincias del Imperio Romano, luego llegaron los pueblos germanos y, tras ellos, gran parte de la Península se integró en el mundo musulmán. Ya en los siglos XVI y XVII la monarquía española reinó sobre muchos territorios europeos, y desplegó su hegemonia hasta el siglo XIX formando parte de las potencias que colonizaron el mundo. Durante la primera mitad del siglo XX España fue perdiendo importancia en el ámbito internacional y europeo: no participó directamente en las dos guerras mundiales, y durante la primera etapa de la dictadura franquista sufrió un aislamiento internacional. Aunque su posterior alianza con EEUU durante la Guerra Fría le abrió las puertas de los organismos internacionales, no sucedió lo mismo con su integración en la Comunidad Económica Europea. Ésta no se produciría hasta la instauración en España de un régimen democrático.
La idea de crear en Europa una asociación de estados surge después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque fue concebida inicialmente como una unión con objetivos estrictamente económicos, éstos se han ido ampliando en las décadas posteriores, sobre todo a partir de la caída del Muro de Berlín y de la globalización. Muestra de ello es la propia evolución de la UE, su funcionamiento institucional y las actuales políticas comunitarias.
El actual mapa de Europa es el resultado de diversos procesos, entre los que destacan los siguientes: la creación y transformación de la UE; la desintegración de la antigua Unión Soviética y de su área de influencia; y la modificación de las fronteras de algunos estados, unas veces de forma pacífica pero otras violenta (Guerra de Yugoslavia).
España, tras un largo proceso, entró en la Comunidad Económica Europea en 1986, justo cuando se estaba profundizando en la idea de una Europa más común a todos los niveles. Las consecuencias de la integración, a pesar de las dificultades iniciales, han sido bastante positivas en todos los sectores, aunque España está todavía lejos de alcanzar los niveles económicos de los estados más desarrollados de la UE.
La actual UE se localiza en un ámbito donde la ocupación del territorio ha sido antigua e intensa, los procesos de urbanización generalizados, y el desarrollo económico y los índices de bienestar son altos. Sin embargo, existen profundas diferencias en su seno, resultado de la fragmentación territorial y política, y de los contrastes económicos, sociales y culturales. Estos aspectos se reflejan en el análisis de diferentes indicadores socieconómicos (población y superficie, densidad, PIB y tasas de actividad y paro) e informes ambientales (Informe Planeta Vivo 2006). Para disminuir esas desigualdades, la UE ha desarrollado una política regional con unos objetivos y unos instrumentos financieros que intentan compensar esas diferencias. Precisamente España es uno de los estados que ha recibido más ayudas procedentes de los fondos estructurales de la Unión, incluyendo también la política de la UE para las regiones ulltraperiféricas (Canarias, DOM, Azores y Madeira). Esta situación se está modificando por la adhesión de nuevos estados con un desarrollo menor, por lo que tendremos que adaptarnos a la nueva realidad europea y valorar sus consecuencias.
En definitiva, si bien en el pasado el papel de España en Europa estuvo relacionado fundamentalmente con su localización geográfica y evolución histórica, en la actualidad éste pivota en torno a la idea de una Unión Europea que intenta ir más allá de la simple colaboración económica.
Organización territorial de España
La Constitución de 1978 define España como una nación integrada por nacionalidades y regiones, con capacidad de autogobierno. El texto constituciónal no definió cuáles debían ser dichas nacionalidades y regiones, pero estableció el procedimiento para que, a partir de las provincias existentes, pudieran formarse las que se denominarían Comunidades Autónomas, que podrían estar constituidas por una o varias provincias.
Tras la aprobación de la Constitución, en un plazo de algo menos de tres años (entre 1980 y 1983), todo el territorio nacional se organizó en Comunidades Autónomas. De dicho proceso resultaron un total de 17 comunidades. Posteriormente, en el año 1995 y de acuerdo también con las posibilidades que ofrecía la Constitución, las dos ciudades españolas ubicadas en el norte de África -Ceuta y Melilla- adquirieron el estatuto de Ciudades Autónomas.
Las 17 Comunidades Autónomas presentan diferencias, tanto con respecto a su dimensión y densidad de población, como a sus variados orígenes históricos. Seis de ellas son uniprovinciales, es decir, se corresponden con otras tantas provincias del mapa político preconstitucional; son las siguientes: Principado de Asturias (antes provincia de Oviedo); Cantabria (antes provincias de Santander); La Rioja (antes provincia de Logroño); Comunidad Foral de Navarra (antes Navarra); Comunidad de Madrid (antes provincia de Madrid); Islas Baleares (antes provincia de Baleares); y Región de Murcia (antes provincia de Murcia). Las 11 Comunidades Autónomas restantes son pluriprovinciales, es decir, están formadas por dos o más provincias, siempre contiguas.
Hay Comunidades Autónomas que tienen un origen histórico, es decir, son territorios que constituyeron circunscripciones políticas en un pasado más o menos lejano, y que ya estaban en el mapa de las regiones españolas anterior a la Constitución de 1978. Tres de ellas -Cataluña, País Vasco y Galicia- contaron incluso con el reconocimiento de autonomía política durante la II República (1931-1936). Otras tienen también raíces histórico-geográficas, aunque no alcanzaron la autonomía durante el periodo republicano: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura e Islas Baleares. En las restantes las situaciones son diversas: Castilla y León surgió de la integración de los antiguos reinos medievales de León y Castilla, pero sin las provincias de Logroño, que pasó a ser la comunidad de La Rioja, y de Santander, que constituyó Cantabria; Castilla-La Mancha se formó con las provincias de Castilla la Nueva, exceptuando Madrid que adquirió la condición de Comunidad uniprovincial, y la agregación de Albacete. Por último la Región de Murcia quedó integrada por una sola provincia -la de Murcia-, aunque había estado unida a la de Albacete en el mapa político regional anterior a 1978.
Todas las Comunidades Autónomas tienen capacidad de autogobierno en materia ejecutiva (cada una cuenta con su gobierno autonómico), legislativa (tienen parlamentos, con diversas denominaciones) y algunas de ellas, judicial. Los estatutos de autonomía, recientemente reformados o en proceso de reforma, establecen para cada comunidad su estructura político-administrativa y desarrollan sus competencias, dentro de los límites que establece la Constitución.
Las Comunidades Autónomas se organizan en provincias y municipios. Pero de acuerdo con la Constitución y con sus respectivos estatutos, algunas han establecido otras circunscripciones administrativas como, por ejemplo, las Comarcas. Así sucede en Cataluña, Aragón y Galicia, que han definido la comarca como territorio político-administrativo con entidad y competencias propias, y han aprobado sus respectivos mapas comarcales.
La organización territorial de buena parte de España, y su expresión cartográfica, tiene raíces históricas muy antiguas, medievales en la mayor parte de los casos. Es precisamente la Historia lo que explica la existencia de discontinuidades o enclaves, sectores localizados fuera de las fronteras o límites continuos de una entidad administrativa. Para evitar conflictos territoriales, todas las entidades locales deben contar con certificaciones que fijen las demarcaciones de sus términos.
Las modificaciones en la organización municipal han sido históricamente numerosas. Actualmente se observan dos procesos contrapuestos: mientras que en las zonas despobladas se tiende a una paulatina reducción del número de municipios, en aquellas donde la población se ha concentrado se produce una reorganización administrativa para conseguir una gestión más eficaz. A su vez el auge del turismo, y el desarrollo de grandes urbanizaciones en la periferia lejana de los núcleos costeros, ha permitido en algunos casos la creación de términos municipales nuevos.
Nota: Pulsar aquí para acceder a mapas geográficos interactivos
Tras la aprobación de la Constitución, en un plazo de algo menos de tres años (entre 1980 y 1983), todo el territorio nacional se organizó en Comunidades Autónomas. De dicho proceso resultaron un total de 17 comunidades. Posteriormente, en el año 1995 y de acuerdo también con las posibilidades que ofrecía la Constitución, las dos ciudades españolas ubicadas en el norte de África -Ceuta y Melilla- adquirieron el estatuto de Ciudades Autónomas.
Las 17 Comunidades Autónomas presentan diferencias, tanto con respecto a su dimensión y densidad de población, como a sus variados orígenes históricos. Seis de ellas son uniprovinciales, es decir, se corresponden con otras tantas provincias del mapa político preconstitucional; son las siguientes: Principado de Asturias (antes provincia de Oviedo); Cantabria (antes provincias de Santander); La Rioja (antes provincia de Logroño); Comunidad Foral de Navarra (antes Navarra); Comunidad de Madrid (antes provincia de Madrid); Islas Baleares (antes provincia de Baleares); y Región de Murcia (antes provincia de Murcia). Las 11 Comunidades Autónomas restantes son pluriprovinciales, es decir, están formadas por dos o más provincias, siempre contiguas.
Hay Comunidades Autónomas que tienen un origen histórico, es decir, son territorios que constituyeron circunscripciones políticas en un pasado más o menos lejano, y que ya estaban en el mapa de las regiones españolas anterior a la Constitución de 1978. Tres de ellas -Cataluña, País Vasco y Galicia- contaron incluso con el reconocimiento de autonomía política durante la II República (1931-1936). Otras tienen también raíces histórico-geográficas, aunque no alcanzaron la autonomía durante el periodo republicano: Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura e Islas Baleares. En las restantes las situaciones son diversas: Castilla y León surgió de la integración de los antiguos reinos medievales de León y Castilla, pero sin las provincias de Logroño, que pasó a ser la comunidad de La Rioja, y de Santander, que constituyó Cantabria; Castilla-La Mancha se formó con las provincias de Castilla la Nueva, exceptuando Madrid que adquirió la condición de Comunidad uniprovincial, y la agregación de Albacete. Por último la Región de Murcia quedó integrada por una sola provincia -la de Murcia-, aunque había estado unida a la de Albacete en el mapa político regional anterior a 1978.
Todas las Comunidades Autónomas tienen capacidad de autogobierno en materia ejecutiva (cada una cuenta con su gobierno autonómico), legislativa (tienen parlamentos, con diversas denominaciones) y algunas de ellas, judicial. Los estatutos de autonomía, recientemente reformados o en proceso de reforma, establecen para cada comunidad su estructura político-administrativa y desarrollan sus competencias, dentro de los límites que establece la Constitución.
Las Comunidades Autónomas se organizan en provincias y municipios. Pero de acuerdo con la Constitución y con sus respectivos estatutos, algunas han establecido otras circunscripciones administrativas como, por ejemplo, las Comarcas. Así sucede en Cataluña, Aragón y Galicia, que han definido la comarca como territorio político-administrativo con entidad y competencias propias, y han aprobado sus respectivos mapas comarcales.
La organización territorial de buena parte de España, y su expresión cartográfica, tiene raíces históricas muy antiguas, medievales en la mayor parte de los casos. Es precisamente la Historia lo que explica la existencia de discontinuidades o enclaves, sectores localizados fuera de las fronteras o límites continuos de una entidad administrativa. Para evitar conflictos territoriales, todas las entidades locales deben contar con certificaciones que fijen las demarcaciones de sus términos.
Las modificaciones en la organización municipal han sido históricamente numerosas. Actualmente se observan dos procesos contrapuestos: mientras que en las zonas despobladas se tiende a una paulatina reducción del número de municipios, en aquellas donde la población se ha concentrado se produce una reorganización administrativa para conseguir una gestión más eficaz. A su vez el auge del turismo, y el desarrollo de grandes urbanizaciones en la periferia lejana de los núcleos costeros, ha permitido en algunos casos la creación de términos municipales nuevos.
Nota: Pulsar aquí para acceder a mapas geográficos interactivos
Desequilibrios económicos y sociales
En España existe una distribución desigual de los recursos económicos lo que, a su vez, genera desigualdades sociales. Ello es fruto de la evolución histórica del modelo de desarrollo económico, factor determinante de la riqueza de cada sociedad. A partir de los años sesenta del siglo XX, y como consecuencia de la revolución urbano-industrial, se produce un importante crecimiento de Madrid, Cataluña y el País Vasco. Este proceso incrementó las desigualdades entre las áreas urbanas y las rurales, y entre las regiones industriales y turísticas frente a las agrícolas. Posteriormente, tras la crisis económica de los años setenta, se produce un espectacular crecimiento del sector terciario y, con ello, una reorganización de los principales ejes económicos. En la actualidad, éstos se han trasladado desde la cornisa cantábrica hacia las regiones mediterráneas, mientras que Madrid sigue manteniendo su importancia económica.
La distribución del PIB (Producto Interior Bruto) per cápita refleja estos contrastes territoriales, entre una España más rica y otra más pobre. En el cuadrante nororiental de la Península Ibérica y Baleares se concentran las provincias donde el PIB alcanza valores más altos. En líneas generales, estas áreas coinciden con aquellas que han adoptado un modelo económico post-industrial, basado en los servicios y en el auge de la construcción. En contrapartida, las provincias con mayor población ocupada en la agricultura suelen coincidir con aquellas donde el PIB es menor, lo que ilustra la escasa rentabilidad de esta actividad en relación con la población ocupada. A su vez, dentro del sector agrícola también existen notables contrastes: por un lado están las áreas de agricultura intensiva, generalmente de regadío, donde se cultivan productos de alto valor añadido y son más rentables; y por otro las de agricultura extensiva que, asociadas a los cultivos de secano y de productos forrajeros, tienen menor rentabilidad.
Los desequilibrios territoriales se han acentuado entre las regiones que han experimentado un mayor crecimiento económico y las que han quedado al margen de este proceso. Entre las primeras se sitúan las que concentran actividades industriales -altamente productivas- con dotaciones de parques empresariales y tecnológicos, servicios especializados, o aquellas en las que se ha desarrollado la actividad turística; entre las segundas, lo hacen aquellas cuya economía no ha sido capaz de adaptarse a los cambios recientes. Aunque en los últimos decenios la evolución de la población activa muestra un incremento de las tasas de actividad y de empleo, y un descenso de la tasa de paro, este proceso ha sido desigual según las regiones, dependiendo de su actividad económica y de las oportunidades laborales que ésta genera.
Sin duda, una de las transformaciones más importantes de la España actual se ha producido en el sector de la construcción, pues el parque inmobiliario se ha multiplicado por tres en muy pocos años. Este fenómeno ha tenido una especial incidencia en las Comunidades Autónomas donde se localizan las principales ciudades del país, o los centros turísticos más importantes (Mediterráneo y los dos archipiélagos). Las relaciones entre construcción y turismo se hacen evidentes cuando se estudian las estancias y pernoctaciones registradas en las provincias españolas.
Pero el auge de la construcción no se ha localizado exclusivamente en las áreas turísticas, sino que también está vinculado a la especulación inmobiliaria en la periferia de las grandes ciudades, y al fenómeno de la segunda residencia. Todo ello ha incrementado el precio de la vivienda, imposibilitando que accedan a ella muchos colectivos de ciudadanos, entre los que destaca el de las personas jóvenes. Esta dificultad para acceder a una vivienda -de alquiler o en propiedad- está determinada por la relación entre los salarios y el coste de la vivienda. Aunque el salario medio en España ha crecido en los últimos años, sigue siendo insuficiente para adquirir este tipo de bienes.
Otro indicador que pone de manifiesto los desequilibrios económicos y sociales en España es la renta disponible de los hogares por habitante. ésta permite aproximarnos a las condiciones de vida de la población, y establecer comparaciones entre las diferentes Comunidades Autónomas. Nuevamente se observa una estrecha relación con la actividad económica, pues las Comunidades que presentan valores por encima de la media española coinciden con las que tienen una economía más dinámica. En paralelo, la tasa de riesgo de pobreza realza estas desigualdades, pues es más alta en las regiones económicamente más deprimidas, o en aquéllas donde la distribución de la riqueza es más desigual. Finalmente, el índice de Desarrollo Humano (IDH) ofrece una visión de conjunto y permite conocer mejor el grado de bienestar de los habitantes de cada Comunidad Autónoma. En 2000 tan sólo ocho Comunidades Autónomas presentan un valor de este índice por encima de la media española, lo que pone de manifiesto los desequilibrios existentes.
La política regional de la Unión Europea intenta, a través de los Fondos Estructurales, reducir los desequilibrios territoriales, tanto entre los estados miembros como en el interior de cada uno de ellos. En España se empiezan a notar sus efectos, pues en los últimos años estas diferencias interregionales comienzan a reducirse. A ello también ha contribuido un conjunto de medidas adoptadas por el estado español como, por ejemplo, los programas de desarrollo regional, los proyectos de desarrollo local, la creación del fondo de compensación interterritorial (FCI), etc.
La distribución del PIB (Producto Interior Bruto) per cápita refleja estos contrastes territoriales, entre una España más rica y otra más pobre. En el cuadrante nororiental de la Península Ibérica y Baleares se concentran las provincias donde el PIB alcanza valores más altos. En líneas generales, estas áreas coinciden con aquellas que han adoptado un modelo económico post-industrial, basado en los servicios y en el auge de la construcción. En contrapartida, las provincias con mayor población ocupada en la agricultura suelen coincidir con aquellas donde el PIB es menor, lo que ilustra la escasa rentabilidad de esta actividad en relación con la población ocupada. A su vez, dentro del sector agrícola también existen notables contrastes: por un lado están las áreas de agricultura intensiva, generalmente de regadío, donde se cultivan productos de alto valor añadido y son más rentables; y por otro las de agricultura extensiva que, asociadas a los cultivos de secano y de productos forrajeros, tienen menor rentabilidad.
Los desequilibrios territoriales se han acentuado entre las regiones que han experimentado un mayor crecimiento económico y las que han quedado al margen de este proceso. Entre las primeras se sitúan las que concentran actividades industriales -altamente productivas- con dotaciones de parques empresariales y tecnológicos, servicios especializados, o aquellas en las que se ha desarrollado la actividad turística; entre las segundas, lo hacen aquellas cuya economía no ha sido capaz de adaptarse a los cambios recientes. Aunque en los últimos decenios la evolución de la población activa muestra un incremento de las tasas de actividad y de empleo, y un descenso de la tasa de paro, este proceso ha sido desigual según las regiones, dependiendo de su actividad económica y de las oportunidades laborales que ésta genera.
Sin duda, una de las transformaciones más importantes de la España actual se ha producido en el sector de la construcción, pues el parque inmobiliario se ha multiplicado por tres en muy pocos años. Este fenómeno ha tenido una especial incidencia en las Comunidades Autónomas donde se localizan las principales ciudades del país, o los centros turísticos más importantes (Mediterráneo y los dos archipiélagos). Las relaciones entre construcción y turismo se hacen evidentes cuando se estudian las estancias y pernoctaciones registradas en las provincias españolas.
Pero el auge de la construcción no se ha localizado exclusivamente en las áreas turísticas, sino que también está vinculado a la especulación inmobiliaria en la periferia de las grandes ciudades, y al fenómeno de la segunda residencia. Todo ello ha incrementado el precio de la vivienda, imposibilitando que accedan a ella muchos colectivos de ciudadanos, entre los que destaca el de las personas jóvenes. Esta dificultad para acceder a una vivienda -de alquiler o en propiedad- está determinada por la relación entre los salarios y el coste de la vivienda. Aunque el salario medio en España ha crecido en los últimos años, sigue siendo insuficiente para adquirir este tipo de bienes.
Otro indicador que pone de manifiesto los desequilibrios económicos y sociales en España es la renta disponible de los hogares por habitante. ésta permite aproximarnos a las condiciones de vida de la población, y establecer comparaciones entre las diferentes Comunidades Autónomas. Nuevamente se observa una estrecha relación con la actividad económica, pues las Comunidades que presentan valores por encima de la media española coinciden con las que tienen una economía más dinámica. En paralelo, la tasa de riesgo de pobreza realza estas desigualdades, pues es más alta en las regiones económicamente más deprimidas, o en aquéllas donde la distribución de la riqueza es más desigual. Finalmente, el índice de Desarrollo Humano (IDH) ofrece una visión de conjunto y permite conocer mejor el grado de bienestar de los habitantes de cada Comunidad Autónoma. En 2000 tan sólo ocho Comunidades Autónomas presentan un valor de este índice por encima de la media española, lo que pone de manifiesto los desequilibrios existentes.
La política regional de la Unión Europea intenta, a través de los Fondos Estructurales, reducir los desequilibrios territoriales, tanto entre los estados miembros como en el interior de cada uno de ellos. En España se empiezan a notar sus efectos, pues en los últimos años estas diferencias interregionales comienzan a reducirse. A ello también ha contribuido un conjunto de medidas adoptadas por el estado español como, por ejemplo, los programas de desarrollo regional, los proyectos de desarrollo local, la creación del fondo de compensación interterritorial (FCI), etc.
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